El impuesto inmobiliario urbano subirá en 2011 entre 200 y 2000 pesos anuales para los 550.000 contribuyentes más ricos de la provincia de Buenos Aires, que tienen propiedades con valuación fiscal superior a los 233.000 pesos.
Esta suba alcanzará al 11% del total de cinco millones de inmuebles sujetos al gravamen. En tanto, habrá una suba de entre 50 y 200 pesos al año para 1,4 millones de propiedades valuadas entre los 65.000 y los 233.000 pesos, que representan al 28% de los contribuyentes alcanzados por el impuesto.
En contrapartida, habrá un incremento de apenas 50 pesos al año para unos 3.050.000 de contribuyentes con propiedades de valor fiscal menor a los 65.000 pesos; que suman al 61% del total de los inmuebles. Y un millón de contribuyentes, con propiedades valuadas por el fisco en menos de 25.000 pesos, quedarán exentos del impuesto. Éste es el esquema propuesto por el Poder Ejecutivo provincial, en la ley impositiva para 2011 elevado a la Legislatura provincial.
El ministro de Economía, Alejandro Arlía, defendió el esquema y explicó que la inmensa mayoría de los contribuyentes (3,05 millones) pagará un aumento de 4 pesos por mes; esto es, una suma de 50 pesos al año. En tanto, otros 1,4 millones de propietarios pagarán una suba de hasta 16 pesos mensuales, o hasta 200 pesos al año, según precisó el ministro.
Suba escalonada
En el segmento de 550.000 propiedades con valuación fiscal de entre 233.000 y 500.000 pesos es donde impactará con más fuerza el impuesto: habrá subas de entre 200 y 1000 pesos anuales.
Las propiedades de este valor y hasta 800.000 pesos pagarán un aumento mayor de 1000 pesos. Por último, la suba de hasta 2000 pesos alcanzará sólo a unas 50.000 propiedades con valuación fiscal superior a los 800.000 pesos.
El gobierno de Daniel Scioli prevé también un cambio en la lógica del tributo a la herencia. En este caso, se propuso pagar impuestos sobre la base del total del capital que se transfiere, con una base no imponible de 100.000 pesos. En este caso, el gobierno anticipó que el 73% de las partidas no estará sujeto a gravamen, en tanto el 23 por ciento de las operaciones sí estará comprendido.
El gobierno destacó que en ninguno de los casos se trata de un revalúo fiscal ni de modificaciones en las alícuotas. El ministro de Economía destacó: «Desde el inicio de esta gestión desarrollamos una política tributaria progresiva y redistributiva». Arlía subrayó que los cambios propuestos pretenden una «mayor eficacia y equidad tributaria».
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